Sindicatos y municipios del norte defienden Codelco
Organizaciones sindicales, la asociación de municipios del norte y un grupo de economistas emplazaron al Ejecutivo a descartar la privatización y el ingreso de capital privado en la cuprífera estatal, en la antesala de la concentración nacional del 10 de agosto en Santiago, que coincide con el Día del Minero.
En preparación para la concentración nacional convocada por el Sindicato de Trabajadores de la División Chuquicamata para el 10 de agosto en Santiago, diversas entidades se han unido para respaldar la defensa del carácter 100% estatal de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco). Organizaciones sindicales, municipales y economistas han instado al gobierno a descartar cualquier intento de privatización o incorporación de capital privado en la principal empresa del Estado.
El debate se inició a finales de julio cuando el presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, propuso privatizar total o parcialmente la compañía para introducir "oxígeno privado". A pesar de esto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó una privatización total y aseguró que Codelco mantendrá su control estatal. Sin embargo, abrió la puerta a asociaciones con privados, al posible ingreso de capital privado y a la venta de activos considerados "prescindibles". Esta discusión surge en un momento en que la cuprífera enfrenta una deuda bruta superior a los US$26.000 millones.
La manifestación programada bajo el lema "Por la defensa de Codelco 100% estatal y el cobre chileno" está programada para las 11:00 horas frente al edificio corporativo de la empresa en Santiago. La fecha elegida coincide con el Día del Minero. El sindicato ha llamado a organizaciones sindicales, sociales, ciudadanas y políticas a unirse a esta causa e instó a los trabajadores a asistir con casco y chaleco para identificarse durante la protesta.
Diversas organizaciones se han sumado al llamado. La Coordinadora de Trabajadores de la Minería (CTMIN) expresó que "Codelco no se vende, se defiende y se fortalece", advirtiendo contra acciones que debiliten a la empresa estatal. En una línea similar se pronunció la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile (AMUNOCHI), que representa a comunas mineras en Tarapacá, Antofagasta y Atacama. En su declaración afirmaron que privatizar Codelco sería equivalente a "renunciar a la soberanía económica de Chile".
Incluso más allá del sector minero, otros grupos han mostrado su apoyo. La Federación Nacional de Trabajadores de CCU se unió públicamente a esta defensa considerando que Codelco es una riqueza estratégica para el país.
Un grupo de economistas pertenecientes a la Red de Centros Progresistas también ha rechazado firmemente cualquier venta de activos o incorporación de capital privado en Codelco. Según su análisis, esta empresa ha contribuido al Estado con alrededor de US$164.000 millones a lo largo del tiempo y se espera que sus contribuciones alcancen cerca de US$3.000 millones anuales hasta 2026. Estos expertos argumentan que los desafíos financieros actuales son cuestiones relacionadas con gestión y gobernanza, no razones suficientes para privatizarla.
La opinión pública también ha mostrado su rechazo hacia una posible privatización. Según una encuesta realizada por Agenda Criteria a principios de agosto, un 74% se manifestó en contra de esta medida, cifra similar a mediciones anteriores realizadas en 2018 y mayo del presente año.
Desde el sindicato han calificado como "antipatriotas" las declaraciones que abogan por abrir la propiedad de Codelco y argumentan que no sería conveniente desprenderse de ella mientras los precios del cobre están altos. Por otro lado, el gobierno ha reiterado que cualquier decisión sobre Codelco afecta a todo el país y no solo a una administración específica.
La concentración del 10 de agosto será un punto crucial en esta disputa por el futuro de Codelco. Más allá de las manifestaciones públicas, las decisiones fundamentales requerirán respaldo institucional: cualquier venta minoritaria en Codelco necesitaría ser aprobada por el Congreso; mientras que permitir propiedad privada sobre los yacimientos nacionalizados requeriría una reforma constitucional.
Fuente: Chilepaisminero.com Minería
