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La reciente promulgación de la Ley N° 21.774 de Cabotaje Marítimo, el 19 de noviembre de 2025, representa un hito en la logística nacional. Tras un extenso proceso legislativo de 13 años, esta normativa busca abrir parcialmente el mercado a naves extranjeras con el propósito de reducir significativamente, entre un 19% y 39%, las tarifas de flete de contenedores y trasladar alrededor de 700 mil toneladas de carga del transporte terrestre al marítimo, especialmente en la zona norte del país.

Según proyecciones del Ministerio de Hacienda, se espera un ahorro anual de US$267 millones para la cadena logística nacional, acompañado de una disminución de más de 64.000 toneladas de CO2 al año. Sin embargo, a medida que la carga se prepara para migrar hacia esquemas intermodales, surge una preocupación respecto a las coberturas de seguros de transporte que actualmente se encuentran rezagadas.

La brecha existente es evidente. A pesar de contar con más de 6.400 kilómetros de costa, Chile apenas utiliza el 4% de su capacidad para transportar carga interna por vía marítima. El costo de movilizar un contenedor entre San Antonio y Punta Arenas asciende a US$2.826, una cifra que es 4,6 veces mayor que el costo equivalente hacia Callao, Perú. La nueva ley flexibiliza la entrada de naves extranjeras en rutas específicas, permite el movimiento libre de contenedores vacíos entre puertos sin restricciones y habilita licitaciones públicas para volúmenes superiores a las 3.000 toneladas.

Las pólizas vigentes fueron diseñadas originalmente para operaciones exclusivamente terrestres, sin contemplar los nuevos desafíos que plantea la operación intermodal impulsada por esta ley. Felipe Giménez, especialista en seguros de transporte y logística en Ventus Group, destaca la importancia de adaptarse a estos cambios: "Cuando la carga empiece a moverse por mar entre puertos y luego en camión hasta destino, necesita una cobertura que integre todos los tramos... La mayoría de las pólizas vigentes tienen exclusiones para esas franjas".

Giménez identifica tres principales déficits en las coberturas actuales: exclusiones en tramos terrestres y marítimos al momento del siniestro; valores desactualizados en las cargas aseguradas; y ausencia de cobertura durante períodos en zonas portuarias donde se realizan transbordos.

El aumento en los índices de siniestralidad agudiza la necesidad urgente de revisar y actualizar las pólizas existentes. Según datos proporcionados por la Multigremial Nacional del Transporte, aproximadamente se registra el robo diario promedio de un camión, lo que equivale a cerca de 300 robos anuales. Durante el primer semestre del año 2025, los robos al transporte de carga aumentaron un 31%, lo que ha llevado a incrementos significativos en las primas del seguro para empresas con múltiples siniestros.

A estas nuevas exigencias regulatorias se suman otras leyes como la N° 21.659 sobre Seguridad Privada y la N° 21.719 referente a Protección de Datos, ambas imponiendo estándares adicionales sobre seguridad y seguimiento que impactan directamente en la logística tradicional.

Durante el año 2025, los puertos chilenos movilizaron más de 115 millones de toneladas, registrando un aumento del 3,57% con respecto al año anterior. En el primer trimestre del año siguiente, el Puerto San Antonio reportó un movimiento total de 5,8 millones toneladas, mientras que Iquique experimentó un crecimiento del 37% en exportaciones y un incremento del 104% en carga fraccionada asociada a equipos mineros.

Giménez enfatiza la importancia para las empresas que renegocian contratos logísticos revisar sus pólizas con urgencia: "La Ley del Cabotaje va a cambiar la forma en que se mueve la mercancía... Las empresas que hoy revisan costos deberían revisar sus coberturas con igual urgencia".

Ahora mismo, el reglamento correspondiente a esta ley se encuentra en fase pública ante el Ministerio de Transportes. Para los operadores logísticos y transportistas, este período representa una oportunidad crucial para ajustar sus coberturas al nuevo esquema intermodal establecido por la normativa.

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