Justicia Ambiental admite reclamación contra Minera Tres Valles
El Primer Tribunal Ambiental ha iniciado la revisión judicial de la continuidad operacional de Minera Tres Valles, luego de aceptar una reclamación presentada por la Cooperativa Agrícola de Colonización Illapel Ltda. y un grupo de agricultores de la provincia del Choapa.
La acción se dirige contra la resolución del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que rechazó los recursos administrativos interpuestos por los reclamantes y mantuvo la calificación favorable del proyecto "Continuidad Operacional Minera Tres Valles", promovido por Compañía Minera Tres Valles SpA.
La admisión permite iniciar el análisis de las decisiones adoptadas por la autoridad ambiental, pero no implica que el Tribunal haya acogido los cuestionamientos ni deja sin efecto automáticamente la Resolución de Calificación Ambiental. Las medidas cautelares solicitadas para suspender los actos impugnados siguen bajo análisis.
Uno de los puntos centrales de la reclamación se refiere al instrumento utilizado para evaluar el proyecto. Los recurrentes argumentan que se trata de una modificación sustantiva de una faena minera previamente aprobada mediante un Estudio de Impacto Ambiental.
Desde esa perspectiva, sostienen que la continuidad operacional debería haber pasado nuevamente por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en lugar de una Declaración de Impacto Ambiental.
Los agricultores también cuestionan el proceso seguido por el SEA en relación con los recursos administrativos presentados contra la aprobación del proyecto, argumentando que no se dio una respuesta adecuada a todas las materias planteadas durante el procedimiento.
Además, se afirma que las observaciones ciudadanas durante la evaluación ambiental no fueron debidamente consideradas, especialmente aquellas relacionadas con los recursos hídricos y las actividades agrícolas en el territorio.
Otro aspecto objetado es la falta de evaluación conjunta de los impactos acumulados asociados a las distintas etapas de la operación minera y a las autorizaciones ambientales que han permitido su desarrollo.
En cuanto al área de influencia utilizada durante la evaluación ambiental, se argumenta que comunidades y actividades agrícolas quedaron excluidas del análisis. Se destaca que esta delimitación es crucial para determinar qué componentes deben ser estudiados y qué grupos pueden verse afectados por el proyecto.
La petición principal busca que el Primer Tribunal Ambiental revoque tanto la resolución del SEA como la RCA que aprobaron la continuidad operacional de Minera Tres Valles. También se solicita que se declare que la Declaración de Impacto Ambiental debió ser rechazada y que el proyecto sea sometido a una nueva evaluación más exhaustiva.
Junto con la reclamación, se han solicitado medidas cautelares para suspender los efectos impugnados, aunque aún no han sido resueltas. Por lo tanto, la aprobación ambiental sigue vigente tras admitirse la causa.
Ahora, el Tribunal ha requerido al Servicio de Evaluación Ambiental un informe detallado sobre los fundamentos de su decisión cuestionada y los antecedentes del procedimiento administrativo. Esta respuesta permitirá contrastar los argumentos presentados por los agricultores con las razones técnicas y jurídicas utilizadas para mantener la calificación favorable del proyecto.
Luego, el Tribunal deberá decidir sobre las medidas cautelares solicitadas y avanzar hacia las etapas destinadas a revisar el fondo del conflicto ambiental.
Cabe destacar que el proyecto se encuentra en las comunas de Salamanca e Illapel, en la provincia del Choapa, Región de Coquimbo. La explotación minera abarca las quebradas Manquehua y Cárcamo, mientras que las instalaciones para procesar mineral están en Quilmenco. El objetivo es extender las actividades mineras hasta 2037, manteniendo infraestructura existente.
Hasta que se resuelvan las medidas cautelares o haya una sentencia definitiva, la admisión a trámite representa solo el inicio del conflicto ante el Tribunal sin implicar una decisión sobre la validez ambiental del proyecto.
Fuente: Territoriominero.cl (Medio Ambiente)
