Comunidad diaguita lleva prospección El Alto a Tribunal Ambiental
El Primer Tribunal Ambiental ha iniciado la revisión judicial de la aprobación del proyecto "Prospección Minera El Alto", presentado por Compañía Minera Nevada SpA, filial de Barrick Gold, en la alta cordillera de Alto del Carmen.
La Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera ha presentado una reclamación contra la resolución de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, que rechazó sus recursos administrativos y mantuvo la calificación favorable del proyecto.
Según la acción presentada, las obras propuestas podrían ser incompatibles con el cierre definitivo de Pascua Lama y existe preocupación por un posible fraccionamiento, ya que la prospección fue evaluada mediante una Declaración de Impacto Ambiental mientras se tramita el Estudio de Impacto Ambiental para la fase de cierre de esa operación.
La reclamación también señala que los sondajes planificados son actividades que la empresa intentó llevar a cabo en 2021 y que posteriormente fueron consideradas ilegales por la Corte Suprema. Además, se cuestiona que parte del área haya sido tratada como infraestructura existente, lo que podría haber limitado la evaluación de sus impactos.
Entre las materias controvertidas se encuentran los posibles efectos sobre la criósfera, el patrimonio arqueológico, los sistemas de vida y sitios de significación cultural. La comunidad argumenta que el proyecto debió haber sido presentado a través de un Estudio de Impacto Ambiental con consulta indígena.
La comunidad solicita la anulación de la resolución del SEA y la RCA que aprobó el proyecto. En caso de no ser posible, piden una nueva evaluación ambiental o una respuesta fundamentada a todas las observaciones realizadas.
El proyecto contempla una prospección diamantina para evaluar el potencial del recurso metálico, con 43 plataformas en un área de 212 hectáreas, aunque las obras ocuparían solo 5.04 hectáreas.
Situado a 150 kilómetros al sureste de Vallenar, en el límite con Argentina, se estima que el proyecto tendría una duración de dos años, divididos en dos temporadas entre septiembre y mayo, con una inversión aproximada de US$35 millones.
Además, la comunidad ha solicitado suspender los efectos de la RCA mientras se resuelve el proceso. El tribunal ha solicitado un informe al SEA y está evaluando esta solicitud. Aunque la admisión a trámite no implica una resolución definitiva, sí abre el camino para la revisión judicial de la aprobación ambiental.
Fuente: Territoriominero.cl (Medio Ambiente)
