800 observaciones ciudadanas al proyecto de El Abra
Cerca de 800 observaciones ciudadanas fueron ingresadas al expediente del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Minera El Abra durante el proceso de participación pública que contempla el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), según los antecedentes disponibles. Este volumen de cuestionamientos convierte a este expediente en uno de los más observados por la ciudadanía en la minería del norte de Chile.
Las organizaciones que lideran la participación son la Coordinación Tocopilla Digna y la Agrupación por la Defensa del Río Loa y la Madre Tierra Pata Hoiri, representando comunidades directamente afectadas por el área de influencia del proyecto. Ambas agrupaciones sostienen que las demoras en la evaluación no se deben a trabas burocráticas, sino a deficiencias técnicas concretas que el titular debe subsanar antes de que el proceso pueda continuar.
El proyecto, denominado “Continuidad Operacional Minera El Abra y Desarrollo de Planta Concentradora con Transición Hídrica a Agua Desalinizada”, contempla extender la operación de la faena por más de cuatro décadas, ampliar el rajo, construir una planta concentradora, instalar un nuevo depósito de relaves e incorporar infraestructura energética, con una inversión estimada de US$7.500 millones. Intervendría más de 15.900 hectáreas en las comunas de Calama, Tocopilla, María Elena, Ollagüe y Mejillones. El Abra es una filial de la transnacional estadounidense Freeport-McMoRan, una de las mayores productoras de cobre del mundo.
Un punto central del cuestionamiento comunitario es el carácter histórico del territorio donde se emplaza el proyecto. Las comunas involucradas han sido calificadas como zonas de sacrificio ambiental, concentrando desproporcionadamente la carga de las externalidades industriales a lo largo del tiempo. Desde esa perspectiva, las organizaciones advierten que extender la operación de El Abra por cuatro décadas más implica prolongar ese patrón en territorio ya afectado.
El patrimonio arqueológico y cultural también genera tensión. Entre los bienes identificados en el área figuran los geoglifos de Chug Chug y el complejo minero prehispánico de San José del Abra. La posible afectación de estos sitios se ha convertido en un punto específico dentro del proceso.
Las observaciones ciudadanas se suman a un expediente que ya acumulaba 1.470 cuestionamientos técnicos formulados por organismos del Estado mediante un ICSARA emitido por el SEA. Este instrumento exige a la empresa entregar antecedentes adicionales sobre hidrogeología, ecosistemas, emisiones, recursos marinos y cambio climático, entre otras materias.
Las organizaciones hicieron un llamado a la ciudadanía, al mundo académico y a las instituciones públicas para mantenerse informados y respaldar la defensa del territorio. Argumentan que la participación activa es fundamental para garantizar una evaluación ambiental rigurosa y basada en evidencia técnica.
El titular del proyecto deberá responder tanto las observaciones técnicas del Estado como las ciudadanas mediante una Adenda al EIA. Este documento será determinante para la continuidad de la evaluación: permitirá conocer si Minera El Abra logra subsanar los cuestionamientos acumulados y entregar antecedentes suficientes para nuevos pronunciamientos públicos.
Fuente: Chilepaisminero.com Minería
